En esta ocasión el comienzo del año se da aparejado del arranque de distintas instancias de gobierno. Enrique Peña Nieto cumple un mes en la presidencia de la República, Graco Ramírez un trimestre en Morelos, inicia un gobierno no priísta en Tabasco y en unos días más Miguel Ángel Mancera también habrá alcanzado los primeros 30 días en la jefatura de Gobierno del Distrito Federal. El Congreso de la Unión se renovó en septiembre y a mediados de ese mismo mes comenzó trienio una nueva Asamblea Legislativa en la capital. Hay expectativa en el ambiente y las autoridades –unas más otras menos– gozan del beneficio de la duda. Las últimas semanas, sin embargo, en el marco de estos relevos han aflorado prácticas políticas nefastas que uno pensaría que las nuevas administraciones podrían al menos intentar exterminarlas. Parece mucho pedir. A partir de cosas estrictamente ocurridas en las últimas jornadas va mi lista de lo que sería deseable no ver más en este 2013. Soñar no cuesta nada.

Ningún procedimiento de contratación de deuda gubernamental debería darse sin un amplio debate público donde se justificara tanto la pertinencia del empréstito como el origen de la necesidad del mismo. Esto último debería dar pie a puntuales sanciones, o al menos a correcciones y aprendizajes. Nada de eso ocurre hoy. Lean lo que pasó apenas hace unos días en Chiapas (sí, donde gobierna el mismo PVEM de siempre, junto con el PRI de siempre): “El Congreso local autorizó hace una semana la contratación de un nuevo préstamo hasta por 5 mil millones de pesos para la reestructuración financiera del Gobierno estatal, revelaron hasta ayer la diputada del PRD, Alejandra Soriano. La autorización se dio en una sesión a la que no fueron convocados legisladores de Oposición y cuya orden del día no fue divulgada en la página del Congreso, destacó la legisladora”. (Reforma, 29/12/12).Y Chiapas es sólo un caso. Ahí está Tabasco: Andrés Granier hereda crisis de deuda y hospitalaria, para empezar. O a nivel municipal, Naucalpan, de la señora Azucena Olivares, a quien reclaman pagos los trabajadores. Y en el lado del PAN, nadie como Emilio González Márquez para endeudar una entidad.

Del mismo modo, el gobierno no puede decretar beneficios que justifiquen decisiones políticas sin incluir en ellos costos y responsables respectivos. El Congreso de la Unión autorizó, con la anuencia del gobierno de Enrique Peña Nieto, que se condonaran deudas fiscales a gobiernos estatales y municipales. La clase política se autoperdona la vida sin rubor. Los ayuntamientos están ahogándose, estados gobernados (es un decir) por priístas, panistas y perredistas por igual reciben un premio en forma de salvavidas y se les otorga sin más el perdón por haber violado la ley. Si el gobierno es el primero que incumple, carece de autoridad para demandar lo mismo a los ciudadanos. Legisladores y Secretaría de Hacienda son autores de esta promoción de la cultura de la corrupción, el engaño y la impunidad. Con estas decisiones, queda claro que para los gobernantes hay mexicanos de primera (la clase política), y de tercera (los ciudadanos).

Enrique Peña Nieto sorprendió durante las primeras jornadas. Fue un arranque de gobierno contundente. Entonces, ¿qué necesidad había de desentonar un nuevo estilo con el acto populista ocurrido la semana pasada en las faldas de La Malinche, en Tlaxcala, donde como en los viejos tiempos el Presidente de la República fue a regalar cobijas? Un mandatario que aspira a entrar a la historia define cambios de gran calado, no incurre en prácticas que solo explotan mediáticamente la pobreza de los más desposeídos. Estamos a unos días de que se presente una campaña presidencial en contra del hambre, qué ganancia le aportó a Peña Nieto hacer un acto propio de un mal gobernador. Por si fuera poco, las cobijas repartidas por el presidente eran de una marca, y las que recibieron el resto de los pobres acarreados eran de menor calidad. Toda una estampa de lo que el viejo PRI era, ¿toda una estampa de lo que el PRI “es”?

El Poder Judicial, algunos policías morelenses, los gobiernos de Morelos y el Distrito Federal (e incluso el hospital Médica Sur) dieron todo un recital de lo que no debería pasar entre instancias que dicen estar en colaboración. El asesinato en la sala de terapia intensiva de un presunto delincuente, que herido de bala se recuperaba como si nada en el famoso nosocomio, es una radiografía de lo endeble de la coordinación interinstitucional. Ni en una trama de los tres chiflados se ve tanto absurdo. Que los asesinos sean más eficientes que las autoridades nos deja claro cuánto queda por hacer en el tema que marcó el sexenio anterior. El colmo es que se carece de más pistas sobre los asesinos ya que las cámaras de seguridad instaladas por Médica Sur no servían. Todo mal.

Los mexicanos fueron goleados en términos de monumentos. Autoridades negligentes condescendieron a los deseos de un gobierno extranjero para instalar en pleno Paseo de la Reforma la estatua de un violador de derechos humanos y, en el reverso de esa moneda, otras autoridades (locales y federales) son incapaces de cuidar una monumental efigie de un padre de la Patria, que fue derribada y destruida para robar parte de su material. Morelos destrozado, Aliyev entronado y, solo para rematar, se descubre que si usted fue a honrar los huesos que se exhibieron durante el bicentenario, pues el gobierno de Felipe Calderón ocultó que uno de los héroes no aparece, que Mariano Matamoros no estaba en la urna donde se creía, pues la que se creía que era su osamenta perteneció en realidad a una mujer. ¿Así o más increíble?

El gobierno que va a definir un nuevo rumbo en el combate a la delincuencia ha anunciado que una de las primeras medidas es perdonar el retraso de los que no han certificado a sus funcionarios y policías. Para este mes México debería tener ya certificados a todos cuerpos policíacos. No será así. Los que van retrasados tendrán otros diez meses para cumplir lo que era un acuerdo nacional y legal. La medida se anuncia sin ahondar en las causas del retraso y, peor aún, sin incorporar señalamientos de lo que hace falta para que la certificación sea óptima. Si a esto sumamos que sigue siendo un galimatías el cómo se formará la gendarmería nacional, y que el gobierno se muestra incapaz de contener matanzas como las ocurridas en diciembre en Sinaloa, Chihuahua, La Laguna y en la frontera entre Jalisco y Michoacán, la nueva administración podría muy pronto verse arrastrada a mostrar los dos pecados del calderonismo en este tema: improvisación e impotencia.

Comienza año y también es el inicio de ciclos gubernamentales. Ojalá la combinación sea aprovechada para erradicar prácticas nocivas. Feliz 2013.

Salvador Camarena

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Es periodista y conductor de radio.

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